FSC-CCOO Murcia | 16 abril 2024.

CCOO rechaza la agrupación de los Juzgados de violencia sobre la mujer de Murcia y Molina de Segura y los de Cartagena y San Javier

    El sindicato considera irracional esta propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con informe favorable del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.

    08/04/2022.
    Ciudad de la Justicia

    Ciudad de la Justicia

    Ante la publicación el pasado jueves en la web del CGPJ sobre su informe favorable a la agrupación de juzgados de violencia o extensión de jurisdicción de Juzgados de Violencia sobre la Mujer a las causas de otros partidos judiciales en Canarias, Comunidad Valenciana y Aragón, el CGPJ también ha incluido la propuesta de “agrupación de los juzgados de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de Murcia y Molina de Segura, condicionada a la creación y puesta en funcionamiento del juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Murcia y la de los juzgados de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de Cartagena y San Javier, condicionada a la creación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Cartagena

    CCOO ha remitido una carta al CGPJ, al Ministerio de Justicia, al Presidente del TSJ de la Región de Murcia y al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el que muestra su más rotundo rechazo a dicha posibilidad, y exige que las causas relativas a dichos partidos judiciales sigan siendo conocidas por los Juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos de los partidos judiciales de Murcia y Cartagena y que, al propio tiempo, se creen los Juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos directamente en Molina de Segura y en San Javier, creación tantas veces reivindicados por CCOO y otros operadores jurídicos, sin olvidarnos del también más que necesario Juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo solo para el partido judicial de Lorca.

    De esta manera, los Juzgados exclusivos de Murcia extenderían su jurisdicción a una población de 674.766 habitantes, y los de Cartagena verían incrementada su competencia a 368.325 habitantes.

    A juicio de CCOO es lamentable que el Consejo General del Poder Judicial, con informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, proponga al Ministerio de Justicia que las víctimas de violencia de género de los partidos judiciales de Molina de Segura y de San Javier sean minusvaloradas ante la Justicia y se les obligue a desplazarse a las ciudades de Murcia y de Cartagena respectivamente para tramitar sus causas penales y civiles derivadas de violencia sobre la mujer, lo que supondría una doble victimización al hacerlas víctimas además de una deficiente organización judicial que les obligaría a realizar varios desplazamientos innecesarios desde sus hogares a otras localidades para prestar declaraciones o asistir a juicios, sin olvidar que, en muchas ocasiones son mujeres en situación de vulnerabilidad y no siempre cuentan con medios para desplazarse, incluso para algunas, el mero hecho de interponer una denuncia supone una decisión difícil de adoptar y ponerles trabas y dificultades para conseguir la tutela judicial puede suponer en muchos casos que desista de continuar con su denuncia.

    La agrupación propuesta va ligada a la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer nº 3 de Murcia y nº 2 de Cartagena lo que no parece lógico crearlos en estas poblaciones donde ya existen Juzgados exclusivos (que no especializados que es diferente) sino que lo razonable es crearlos allí donde más falta hacen desde Molina de Segura y en San Javier (y también en Lorca) tanto desde el punto de vista de las propias víctimas como de la propia organización judicial, en partidos judiciales donde las funciones de violencia son asumidas por juzgados de primera instancia e instrucción ya de por sí desbordados en cuanto a cargas de trabajo, infradotados de medios personales y con falta de formación específica, y en instalaciones que no reúnen condiciones adecuadas para garantizar la debida separación de las víctimas y sus agresores, donde la mayor penosidad en sus condiciones de trabajo siguen sin reconocérseles, pero donde debe regir el principio de proximidad de la Justicia a la ciudadanía tantas veces utilizado por los diferentes estamentos judiciales y que ahora se trata de eliminar.

    CCOO exige que las víctimas de violencia sobre la mujer sean atendidas por las y los Jueces de los partidos judiciales en que residen y por el personal de la Administración de Justicia de las sedes de los Juzgados más cercanos a su domicilio, de forma personal y directa y no por videoconferencia, y de la forma más rápida posible, porque seguir justificando este bochornoso proyecto en que “…En localidades pequeñas, alejar a la víctima del lugar donde se cometieron los hechos puede contribuir a disminuir su afectación psicológica….”  es, además, un insulto a la víctima. 

    CCOO exige un tratamiento integral y coordinado de todas las administraciones (judicial, fiscal, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc) en materia de violencia sobre la mujer, de forma que no se criminalice a la víctima de violencia obligándola a acudir a numerosas instancias administrativas y judiciales. No es de recibo que las víctimas de violencia de género tengan que prestar tres veces declaración (ante la Policía o Guardia Civil, ante el Juzgado de Guardia y ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer), debiéndose establecer las condiciones para que con carácter general baste con una asistencia ante los órganos judiciales, que siempre ha de ser el más cercano a su domicilio, para la adopción de las medidas oportunas para su protección y en su caso la condena a los agresores.

    CCOO denuncia que una posible ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer del partido judicial de Murcia y de Cartagena a las causas sobre la misma materia de los partidos judiciales de Molina de Segura y de San Javier respectivamente no es sino el primer paso para ir restando competencias a los Juzgados de los partidos judiciales que no sean capitales de provincia, siguiendo con las causas en procesos matrimoniales o en materia de capacidad, lo que podría llevar a la desaparición de mucho partidos judiciales.