FSC-CCOO Murcia | 20 abril 2024.

CCOO exige que la Administración Regional proteja y favorezca la conciliación de sus empleados

     CCOO ha remitido escrito al Consejero de Presidencia y Hacienda solicitando la modificación de la Orden de 2 de mayo de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se establece el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en la prestación de servicios públicos en el ámbito de la Administración Pública de la Región de Murcia

    25/05/2020.
    Edificio de la Consejería de Presidencia y Hacienda en la Región de Murcia

    Edificio de la Consejería de Presidencia y Hacienda en la Región de Murcia

    Haciendo referencia a numerosa legislación estatal y regional, CCOO solicitó que el trabajo no presencial o teletrabajo siguiera siendo la opción preferente entre las modalidades de trabajo siempre con carácter voluntario, pudiéndose complementar con la posibilidad de un modelo mixto que combinara el teletrabajo y el trabajo presencial mientras se regula la primera modalidad previa negociación con las organizaciones sindicales

    Las razones para la petición eran las siguientes

    La Orden de 2 de mayo no da respuesta a los problemas de salud laboral y de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos de la CARM. En muchos casos los centros de trabajo no están adecuados a las normas sanitarias de contención de la pandemia, exisitiendo sedes de consejerías y organismos autónomos ubicadas en edificios enfermos desde un punto de vista prevencionista. En algún caso los sistemas de aire acondicionado no cumplen la normativa ni van a cumplirla, en otros los medios de protección colectiva frente al coranovirus son inviables

    El porcentaje del 15% máximo de teletrabajo que contempla la Orden de 2 de mayo no va a cubrir en ningún caso el número de personas que son especialmente sensibles al COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-19, que en su actualización de 22 de mayo de 2020 recupera como trabajadores vulnerables los que padecen insuficiencia renal crónica y enfermedad hepática crónica severa, añadiendo la obesidad mórbida. Cualquier decisión de incorporar a las personas de los grupos de riesgos a sus puestos de trabajo en centros que no cumplen, ni van a cumplir, las medidas colectivas e individuales de protección contra el COVID-19 establecidas por las autoridades sanitarias, es una temeridad e impugnable ante Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. La Administración Regional se niega, lo que agrava su responsabilidad, a evaluar los centros de trabajo para diagnosticar el cumplimiento o no de las medidas de protección colectiva e individual contra el COVID-19

     Al igual que para la mayoría de las trabajadoras y trabajadores españoles, de cualquier sector de la producción, el personal de la Administración Pública Regional está sufriendo un periodo de excepcionalidad social que impide o dificulta gravemente la posibilidad de conciliar. Los centros educativos y de atención a la dependencia están cerrados. No hay acceso a escuelas infantiles, públicas o privadas, no hay posibilidad de acceder a escuelas de verano, el acceso a personas profesionales que presten cuidados están también cegado. Los recursos informales que siempre se han utilizado, fundamentalmente del entorno familiar, son desaconsejados por los efectos negativos para la salud que pueden provocar. Para Francisco Saura, Coordinador de Administración Autonómica de FSC-CCOO, "el estado de alarma ocasionado por la pandemia ha visibilizado radicalmente la debilidad de un modelo de protección social, casi insignificante en nuestro país en relación con los países del norte de Europa. El Gobierno Regional, tan dado al discurso de la protección integral de la familia, de la infancia o de las familias numerosas debe implicarse directamente, reconocer la insuficiencia de un modelo de protección raquítico y actuar en consecuencia"

    La normativa estatal ha prorrogado en diversos momentos la prioridad del teletrabajo en este periodo de excepcionalidad. Hasta que no se vuelva a una situación de normalidad, hay que priorizar el teletrabajo, permitir la posibilidad de combinar las modalidades de teletrabajo y trabajo presencial y flexibilizar en lo posible el horario de trabajo para que la gente pueda conciliar adecuadamente. La Administración Pública Regional se niega a aceptar esta realidad y a adoptar medidas excepcionales en un tiempo histórico también excepcional

    CCOO está siendo extremadamente responsable en este momento de excepcionalidad histórica. Busca la negociación y el pacto para salir de una grave crisis económica, laboral y social. Sin estridencias, firmando acuerdos con gobiernos de diverso signo político. El último, el Pacto Regional del Diálogo Social para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia ante la Pandemia del COVID-19. La responsailidad debe ser compartida. El Gobierno Regional está obligado a responder adecuadamente a sus obligaciones y responsabilidades, y en el caso de su personal esto no está ocurriendo. La negativa de la Administración Pública Regional a buscar soluciones a verdaderos dramas familiares y personales, la banalización de los mismos por el equipo directivo de la Consejería de Presidencia y Hacienda solo puede provocar el repudio de esta organización sindical. Hay tiempo de rectificar, exigimos que se produzca inmediatamente

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