FSC-CCOO Murcia | 21 noviembre 2024.

POSICIONAMIENTO DE CCOO SOBRE LA LEY DE TEMPORALIDAD

    Una vez aprobada definitivamente la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, CCOO, sindicato mayoritario en el sector, emplaza a las diferentes administraciones públicas a negociar su implementación en el menor tiempo posible

    22/12/2021.
    Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Real Casa de la Aduana, Madrid

    Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Real Casa de la Aduana, Madrid

    Dicha ley está basada en el acuerdo firmado por nuestro sindicato el 5 de julio. Concreta la posibilidad de que los ejercicios de la fase de oposición no sean eliminatorios e introduce la novedad del acceso a la función pública mediante el concurso de méritos en aquellas plazas que llevan ocupadas de forma temporal desde el 1 de enero de 2016.

    Este sistema requerirá de una implementación cuidadosa para, tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la Ley, respete el principio de igualdad definido por la jurisprudencia. 

    En estos momentos, CCOO ha tenido que denunciar públicamente los intentos de varias administraciones, de muy diverso signo político, de convocar procesos selectivos saltándose las mejoras introducidas por el RDL 14/2021 o avanzándose, por pocos días, a las de la ley que se acaba de aprobar.

    Por todo ello, CCOO, como sindicato mayoritario en el conjunto de las administraciones públicas de España y del sector público empresarial, insistirá en la necesidad de abrir la totalidad de mesas de negociación para conseguir sus objetivos de tantos años de presión y negociación: reducir la temporalidad en las AA. PP. a un máximo del 8% y que los procesos consoliden a las personas que han estado sufriendo un abuso de temporalidad durante años, con las máximas garantías jurídicas posibles.

    Asimismo, continuará con el proceso de movilizaciones para seguir recuperando los derechos arrebatados a más de tres millones de trabajadoras y trabajadores públicos, luchando por el mantenimiento y recuperación del poder adquisitivo, las mejoras de haberes reguladores de clases pasivas (del A2 al E), la aprobación de los planes de igualdad y protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, el derecho a traslado y movilidad, la promoción interna, la puesta en marcha de la cualificación y carrera profesional, la extensión de la jornada de 35 horas, la implantación de la jubilación parcial o la adaptación y desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), así como la mejora de los derechos laborales en el proceso de transformación y modernización de las administraciones públicas.

    Respecto al empleo, además de impulsar los procesos de estabilización y ofertas, la prioridad debe estar en la eliminación de la tasa de reposición, la recuperación de los puestos de trabajo perdidos y el necesario rejuvenecimiento de las plantillas en el conjunto de las administraciones públicas y el sector público empresarial.

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